Un duro revés sufrió en el Tribunal Constitucionl la empresa Brink’s. Y es que la instancia declaró inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado, por lo que quedó sin efecto la suspensión del juicio por colusión que inició la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de dicha empresa, Prosegur, Loomis y de los ejecutivos implicados.

La resolución justificó la decisión -que fue por unanimidad de sus cinco miembros-, argumentando que el recurso carece de fundamento plausible.

“Esta magistratura estima que no existe fundamento plausible para declarar admisible el requerimiento, toda vez que no se presenta una exposición circunstanciada, razonada, ni delimitada, de la forma en que el precepto legal contraría la Constitución“, sostuvo.

Con esto, el TC confirma los argumentos expuestos por el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, en la audiencia pública del 23 de febrero en relación a que el procedimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contempla garantías que resguardan el debido proceso de todas las partes.

El recurso de Brink’s perseguía que se ordenara a la FNE exhibir el expediente de investigación antes que las partes contesten la acusación de colusión y condujo a la suspensión del procedimiento seguido ante el TDLC a partir del 14 de enero de 2022.

El juicio por colusión

La FNE presentó el 7 de octubre ante el TDLC una acusación por colusión contra las tres principales empresas de transporte de valores que operan en el país: Brink’s, Loomis y Prosegur, y contra seis de sus principales ejecutivos, por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre 2017 y 2018. La FNE pidió al TDLC que aplique a las empresas y ejecutivos sanciones a beneficio fiscal que totalizan aproximadamente US$ 63,4 millones.

A la fecha, se encuentra pendiente la notificación de tres ejecutivos: Rui Sanches, encargado de Loomis para Portugal y Latinoamérica, quien reside en la península ibérica; Marco Malverde, exgerente general de Prosegur y actual ejecutivo en el extranjero del mismo grupo, quien abandonó el país durante la última etapa de la investigación; y Alberto Bálsamo, exgerente general de Brink’s, quien salió de Chile tras la presentación de la acción por parte de la FNE y que mantiene un vínculo contractual con la referida empresa.

Con esta decisión del Tribunal Constitucional se reanudará el juicio ante el TDLC, así como las gestiones destinadas a notificar a los ejecutivos antes mencionados.