Documentos confidenciales de la compañía sueca muestran cómo trabajó en medio de una ola de corrupción en el país. También revelan que ocultó acusaciones internas de mordidas y fraudes en una decena de Estados

Ericsson, el gigante sueco de las telecomunicaciones, pagó millones de dólares en sobornos, creó fondos en negro y esquemas de desvío de dinero para poder operar en territorio iraquí después de 2014, cuando parte del país quedó bajo el dominio del Estado Islámico de Irak y el Levante. La empresa realizó pagos ilegales para seguir transportando sus torres telefónicas por el país o para conseguir la adjudicación de determinados proyectos, mientras la organización terrorista se daba a conocer en todo el mundo con sus vídeos de decapitaciones de rehenes. Y antes de su ascenso, Ericsson ya trabajaba con dudosos intermediarios que conseguían contratos públicos con sobornos y fondos opacos.

Los detalles de esta forma de operar en Irak y en varias zonas del mundo salen hoy a la luz por primera vez gracias a los documentos internos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y rebautizados The Ericsson List. Han sido analizados por 30 medios de 22 países: The Washington Post, en Estados Unidos; la televisión pública SVT, en Suecia, y EL PAÍS en exclusiva para España, entre otros. El equipo ha comprobado la veracidad de los archivos y contrastado los hallazgos con información pública y entrevistas a funcionarios y exempleados en Irak, Londres, Jordania o Líbano.

Los archivos filtrados son 73 de las 79 páginas de una investigación interna que la misma firma Ericsson se vio forzada a abrir por la presión de la autoridad bursátil de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Ericsson hizo público en 2013 que la SEC estaba revisando el comportamiento de la empresa a raíz de las denuncias sobre contratos públicos y adjudicaciones conseguidas con prácticas a menudo ilegales en varios países. El gigante sueco contrató entonces un influyente despacho de abogados de Nueva York que empezó a revisar millones de correos electrónicos de la compañía y a entrevistar a testigos para aclarar lo que estaba pasando.

La revisión interna se centró en el período entre 2011 y 2019 y documenta cómo los sobornos y la corrupción estaban a la orden del día ante el control casi inexistente de la empresa. De esa cooperación con las autoridades surgió en 2019 un acuerdo por el que Ericsson pagó más de mil millones de dólares (950 millones de euros) al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se demostraron casos de malversación y sobornos en Djibouti, China, Vietnam, Indonesia y Kuwait entre 2000 y 2016. Como parte del pacto, no se empezó un proceso penal contra Ericsson ni se imputó a ninguno de sus directivos.

Pero los archivos de esa investigación, que forman parte de The Ericsson List, demuestran que había mucho más.

Los nuevos documentos revelan que, mientras Ericsson negociaba el citado acuerdo con las autoridades para evitar un juicio, seguía manteniendo el mismo modus operandi en varios países, Irak entre ellos. Ericsson trabajó con intermediarios que le consiguieron contratos millonarios sobornando a las autoridades locales; pagó ingentes cantidades de dinero para transportar torres de telefonía móvil a través de los territorios controlados por el Estado Islámico y llegó a exigir a su socio en la región que “pidieran permiso a la autoridad local del Daesh” para seguir trabajando en Mosul, llevando a que la organización terrorista secuestrara a un empleado. Los abogados contratados por Ericsson como investigadores concluyeron en su informe que no pueden excluir que la compañía financiara al grupo terrorista a través de sus subcontratas, aunque no pudieron identificar la “implicación directa” de ningún empleado.

Los papeles también arrojan luz sobre 13 países no incluidos en los términos del acuerdo con las autoridades estadounidenses, pero donde la investigación interna trató casos de mala praxis corporativa: Croacia, Egipto, Sudáfrica, Portugal, Angola, Estados Unidos, Brasil, Azerbaiyán, Marruecos, Bahréin, Libia, Líbano y España, donde un conflicto de intereses interno se acabó resolviendo con un despido.

Ni Ericsson ni el Departamento de Justicia han querido aclarar si las informaciones sobre Irak desveladas por los investigadores no llegaron a las manos de las autoridades o sí lo hicieron pero no parecieron relevantes. El acuerdo entre las partes, como suele ocurrir en este tipo de casos, se realizó a puerta cerrada.

En lugar de contestar a las preguntas del ICIJ, Ericsson emitió un comunicado el pasado 15 de febrero admitiendo “malas prácticas relacionadas con casos de corrupción” en Irak y posibles pagos al ISIS. El consejero delegado de la compañía, Börje Ekholm, ha explicado a un periódico sueco que no tenía acceso a la nueva documentación: “No podemos determinar dónde acaba de verdad el dinero, pero sabemos que ha desaparecido”.

Desde esa revelación, la compañía se ha desplomado en Bolsa más del 10%, perdiendo 4.000 millones de dólares el día después de que Ekholm no pudiera negar la evidencia de los pagos. Uno de los mayores accionistas de la empresa, Cevian Capital, ha afirmado que ese tipo de comportamientos son “inaceptables”. Ericsson ha asegurado en su comunicado que está comprometida con “realizar negocios de una manera responsable, aplicando los mayores estándares en términos de anticorrupción y derechos humanos”.

El gran intermediario

Los problemas de Ericsson en Irak ilustran el riesgo de corrupción que conlleva la industria de las telecomunicaciones, que mueve 1,6 billones de dólares a nivel global. Las licencias gubernamentales y los contratos para instalar antenas de telefonía pueden generar enormes beneficios —y la regulación anticorrupción es débil—. Trabajar en Irak, en palabras de los investigadores internos de Ericsson, “puede ser un riesgo político, legal y financiero en sí mismo, y requiere un control diligente”.

Pero Irak es un país que Ericsson conoce bien. Trabaja allí desde la década de los sesenta, cuando ayudó a instalar el sistema telefónico de Bagdad. El dictador Saddam Hussein restringió la posesión de teléfonos móviles a una pequeña élite y después de la invasión estadounidense en 2003 Irak emergió como uno de los pocos mercados vírgenes de este tipo de telefonía del mundo.

Entre 2011 y 2018, según el informe interno, las ventas de Ericsson se acercaron a los 2.000 millones de dólares. Ganó importantes contratos posteriores a la guerra de Irak para suministrar nueva tecnología a la compañía estatal de telecomunicaciones del país y también ganó adjudicaciones para instalar torres y actualizar equipos y redes para los tres principales operadores móviles: Asiacell, una empresa de propiedad de Qatar; Zain Irak, parte de un grupo de telecomunicaciones de Kuwait; y Korek, controlado por Sirwan Barzani, de una importante familia local y sobrino del expresidente de la región del Kurdistán de Irak.

Oriente Medio siempre fue un terreno dominado por las grandes compañías de telecomunicaciones occidentales hasta que, tras escándalos de reputación y malas apuestas de negocio, fueron perdiendo espacio frente a empresas chinas como Huawei. Ericsson intentó mantenerse en la carrera subcontratando parte de su trabajo a agentes locales e intermediarios, tomando así distancia del, a menudo, opaco negocio de conseguir contratos públicos en países en vías de desarrollo.

¿Y en qué se traducía este tipo de presencia local? La investigación interna describe formas de trabajar que tienen exactamente el mismo patrón de los casos que llevaron al acuerdo con las autoridades estadounidenses en 2019: fondos en b, facturas infladas o falsas, esquemas de soborno y subcontratas que no habían pasado ningún control. Once personas, entre empleados y exempleados de Ericsson, violaron el código ético de la compañía por lavado de dinero e intentos de obstaculizar la investigación. Además, regalaron a sus clientes obras de arte, ropa, iPads, relojes o bolígrafos Mont Blanc, y pagaron viajes a España y a Suecia a 10 representantes del Ministerio de Defensa de Irak.

Ericsson también confiaba en contactos locales, y Jawhar al-Sourchi ha sido uno de ellos. Este agente de ventas ayudó a la empresa a navegar en la burocracia iraquí durante 15 años. A través de su firma, Al-Awsat Telecommunication Services, consiguió contratos para Ericsson con agencias estatales y operadores de líneas móviles, como Asiacell y Zain. Hasta el punto que, con el tiempo, la compañía de Al-Sourchi se empezó a conocer en Irak directamente como “Ericsson”. Ericsson, la de verdad, había dado poderes a Al-Awsat para firmar contratos en su nombre, y la empresa, destacan los investigadores, consiguió trabajos para compañías de amigos y familiares de su dueño.

En su entrevista con los auditores internos de la compañía, Al-Sourchi dijo que sus “lazos estrechos” con personas con cargos importantes le permitían “mover los hilos” a favor de Ericsson y que hizo “muchos favores” a la compañía, ayudándola a ganar contratos en “tiempos muy difíciles”. Ericsson, asegura Al-Sourchi, no habría podido tener éxito en Irak sin su ayuda.

La empresa de Al-Sourchi se convirtió en una vía para canalizar millones de dólares en pagos sospechosos, según descubrieron los investigadores internos de Ericsson. Entre otros, hallaron 10,5 millones de dólares destinados a empresas cuyo beneficiario final no pudo ser identificado; y de los 90 millones de dólares en trabajos de consultorías facturados encontraron pruebas para justificar solo 27 millones. Una auditoría interna, de hecho, desveló que gran parte de ese dinero fue a una cuenta personal de Al-Sourchi en Jordania. A través de Al-Awsat también se pagaron billetes de avión en clase business para ejecutivos de la compañía estatal de telefonía de Irak.

Los investigadores descubrieron además que los empleados de Ericsson utilizaron Al-Awsat para dirigir 500.000 dólares “en comisiones” al director de Asiacell —una de las tres grandes compañías de telecomunicaciones de Irak— para adjudicarse la actualización de la red telefónica en un importante proyecto en el país, llamado Proyecto Peroza. Consistía en reemplazar y ampliar la red de Asiacell existente, montando las torres de telefonía en una nave industrial donde serían probadas antes de ser enviadas por todo Irak.

En dos entrevistas con The Washington Post, partner del ICIJ en esta investigación, Al-Sourchi admitió que sus amplias conexiones políticas habían ayudado a compañías extranjeras a competir en Irak. “Mi fuerza es que conozco a gente, conocí a todos los primeros ministros”, dijo antes de citarlos uno tras otro por su nombre. Rechazó que ganara contratos gracias a sobornos u otro tipo de corrupción, y aseguró que nunca vio a Ericsson hacerlo: “Alguien está celoso y está intentando desacreditar a la compañía”, comentó sobre las acusaciones.

Trabajar en Mosul, con el permiso del Estado Islámico

Entre 2013 y 2014, Ericsson tuvo que tomar una decisión fundamental. Mientras las milicias del Estado Islámico conquistaban ciudades iraquíes, saqueando las casas y decapitando a rehenes ante las cámaras, dos empleados propusieron suspender las operaciones en Mosul y en el resto de Irak. ¿Merecía la pena quedarse?

Es justo el momento en el que Ericsson contrata a Simpson Tacher & Bertlett, el importante despacho de Nueva York, para investigar las posibles prácticas corruptas dentro de la empresa después de hacer público que colaboraría con la SEC para auditar su negocio internacional. El equipo legal lo constituían tres exfuncionarios de Estados Unidos, y uno de ellos, Cheryl Scarboro, había trabajado como jefe de la unidad antisoborno de la misma SEC.

Mientras la investigación de las autoridades estadounidenses avanzaba, Ericsson y sus clientes se encontraban con un nuevo problema: la instauración del califato del Estado Islámico de Irak y el Levante. En junio de 2014, llegó hasta Mosul, la cuarta ciudad del país. En su período de máxima expansión, gobernaba sobre un territorio con ocho millones de habitantes entre Irak y Siria.

En ese contexto, Ericsson y sus subcontratas decidieron seguir trabajando. Al día siguiente de la toma de Mosul por parte del Estado Islámico, la compañía estaba buscando contratistas para el proyecto Peroza de Asiacel, según los documentos internos. Pero algunos empleados estaban convencidos de que el país se estaba convirtiendo en un lugar tan inseguro que la compañía habría tenido que invocar la cláusula de fuerza mayor en sus contratos: este punto le habría brindado cobertura legal ante una situación externa que le hubiese impedido seguir trabajando.

Fue por esto que Tom Nygren, entonces vicepresidente y asesor general de Ericsson en Oriente Medio, “recomendó encarecidamente” a sus supervisores que utilizaran esa cláusula de fuerza mayor. Una propuesta que fue escuchada y elevada hasta la oficina ejecutiva de la compañía, según el testimonio de Roger Antoun, el ejecutivo de Ericsson que seguía el Proyecto Peroza. Pero Ericsson prefirió seguir adelante: Tarek Saad, el director para Irak de la firma, y Rafiah Ibrahim, la jefa de Oriente Próximo y Región Africana, se opusieron a utilizar la cláusula, según la investigación interna.

Estos dos altos cargos estaban implicados además en un caso de “corrupción e irregularidades financieras” descrito en los nuevos documentos: ambos fueron impulsados con ascensos a puestos de mando en 2018. Roger Antoun, en cambio, malversó 308.000 dólares a través de un fondo de dinero negro creado entre varias subcontratas. Esta revelación motivó gran parte de la investigación en los potenciales pagos realizados a grupos terroristas. Más tarde, Antoun, que no ha contestado a las preguntas del ICIJ, devolvió el dinero. Ericsson asegura que lo despidió en enero de 2019.

“Si no pagas, irán a por ti”

Seguir trabajando en Mosul trajo consecuencias inmediatas. Un mes después de decidir quedarse, Ericsson recomendó que Affan, un ingeniero que estaba probando las torres de telefonía como parte del Proyecto Peroza, entregara personalmente una carta en una oficina donde el Estado Islámico había centralizado sus operaciones, según él mismo ha recordado a los medios del ICIJ. Affan —que solo quiere ser identificado con su nombre y trabajaba para Orbitel Telecommunications, una subcontrata de Ericsson— cuenta que en la carta Ericsson y Asiacell pedían permiso al grupo terrorista para seguir trabajando en el área.

Según el relato del ingeniero, tras entregar la misiva, un militante del Estado Islámico lo llamó para citarle en un paso elevado, donde unos hombres con las caras tapadas le pusieron una capucha, le sentaron en el sillón de atrás de una pickup de Toyota y se lo llevaron. Uno de los jefes de los asaltantes le obligó a llamar a un directivo de Ericsson en Sulaymaniyah, en el norte del país y, a gritos, le amenazó con hacer estallar las oficinas de Ericsson. “El mismo hombre también exigió más de dos millones de dólares por cada mes que trabajáramos sin el permiso del Estado Islámico”, relata Affan.

La investigación interna de Ericsson confirmó el secuestro, la llamada y la petición de dinero.

Affan asegura que los terroristas le ordenaron permanecer en su casa en Mosul hasta que Ericsson hiciera los pagos. No tuvo más noticias de la compañía y el resto de empleados dejó de contestar a sus llamadas. Unas semanas más tarde, los milicianos del Estado Islámico le dijeron que era libre de salir de su casa. Según la investigación, un gerente de Ericsson dijo que Asiacell “consiguió unos acuerdos para que se liberara al rehén y Ericsson pudiera seguir trabajando en Mosul”. No se especifica qué tipo de acuerdo: “Las pruebas apuntan a que Asiacell se dedicó al contrabando y a pagos potencialmente ilegítimos directa e indirectamente a través de Ericsson”, afirman los investigadores.

Empleados de varias compañías de telecomunicaciones y contratistas entrevistados por NDR y Daraj Media para el ICIJ aseguran que era sabido que las compañías pagaban dinero a los militantes para evitar que se atacaran sus instalaciones y se dejara trabajar a los empleados. Affan lo resume así: “Si tu negocio hace mover dinero, tienes que pagar. Si no pagas, irán a por ti”.

La vía legal… o “la vía rápida”

Como parte de la expansión del Proyecto Peroza, Ericsson y su socio, Asiacell, necesitaban transportar torres de telefonía desde Erbil, en el norte de Irak, hasta Ramadi, en el centro del país. Según la investigación interna, el contratista que eligieron, Cargo Irak, les dio dos opciones: la vía legal o “la vía rápida”.

La conocida como “vía rápida” era más larga en kilómetros ―y más cara— pero tenía la ventaja de evitar los puntos de control de la aduana iraquí, donde ese tipo de material podía quedar retenido días o incluso semanas. El único problema de esta ruta alternativa era que había que atravesar territorio controlado por el Estado Islámico. Es una ruta conocida por los periodistas y los camioneros del país entrevistados para esta investigación periodística: los militantes del califato creaban puntos de control y atacaban o secuestraban a los viajeros en cualquier lugar de sus 100 kilómetros de recorrido. Un camionero de unos 40 años la define como “aislada, terrorífica e insegura”, en declaraciones a la empresa de radio y televisión alemana NDR. Solía transportar ahí comida y bebida, y llegó a ver, al lado de la carretera, un camión en llamas con un hombre muerto de un disparo tendido al lado.

La investigación interna llegó a identificar hasta 30 camiones que pagaron entre 3.000 y 4.000 dólares por cada carga para llevar material de Ericsson a través de las áreas ocupadas por varios grupos terroristas. Una tabla resumen muestra que en marzo de 2017 Ericsson pagó 22.000 dólares por camión para tres cargamentos en un solo día.

“No podemos excluir que Cargo Irak llegara a sobornar o realizar pagos ilícitos financiando a grupos terroristas para llevar a cabo operaciones de transporte para Ericsson” evitando las aduanas oficiales, dice la investigación interna. Bahez Abbas, dueño de Cargo Irak, ha rechazado ser entrevistado sobre este asunto.

Consecuencias colaterales

La revisión interna de Ericsson a menudo no consigue llegar a conclusiones específicas y no entra a investigar algunas de las acusaciones más explosivas, como que se había pagado a organizaciones terroristas. Un ejemplo: los investigadores de la compañía no intentaron entrevistar a ningún trabajador o representante de las subcontratas con las que trabajaban en Mosul o de la empresa de transportes que movía los equipos de Ericsson por el territorio controlado por el ISIS.

Como parte de su trato con el Gobierno de Estados Unidos, Ericsson prometió reportar casos de mala praxis y someterse a las auditorías de un observador externo durante tres años.

En la última audiencia del proceso, que culminó en el acuerdo entre la SEC, el Departamento de Justicia y Ericsson, el fiscal dijo que no procesaría a la empresa y permitió que una subsidiaria egipcia se declarara culpable en su lugar para evitar “consecuencias colaterales”. A día de hoy, Ericsson sigue pudiendo presentarse a cualquier licitación de contratos públicos en Estados Unidos o en Europa.

Solo un empleado de Ericsson ha sido multado en el caso: Afework Bereket, condenado el año pasado por pagar 2,1 millones de dólares para adelantar a Hawuei en la puja por un contrato en Djibouti. Permanece en libertad, pero, junto a otros tres empleados de Ericsson, se enfrenta a una causa penal en Suecia.

Ekholm, el consejero delegado de Ericsson, ha asegurado que la compañía continuará investigando lo sucedido en Irak.