NACIONAL

Un nuevo récord marcó el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el 2021, tras anotar un crecimiento de 57% anual.

Así se desprende del Informe Estadístico[1] de este Servicio que da cuenta que, el año pasado, los sujetos obligados (pertenecientes a 38 actividades económicas y a más de 450 instituciones públicas) enviaron 9.738 ROS a la UAF.

Al analizar la cifra se observa que 7 sectores concentraron el 90% de los ROS enviados a este Servicio, siendo los bancos los que más reportaron: 4.811 ROS, equivalente a un 49,4% del total.  Les siguen las AFP, las cajas de compensación, las empresas de transferencia de dinero, las corredoras de bolsas de valores, otras entidades facultadas para recibir moneda extranjera, y las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago.

Por su parte, las instituciones públicas (que desde febrero de 2015 están obligadas a informar a la UAF las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones, debiendo para ello implementar sistemas antilavado de activos y anticorrupción y capacitar permanentemente a sus funcionarios en estos temas) enviaron 189 ROS a la UAF.

“Durante la pandemia el mundo observó una aceleración y diversificación del crimen organizado. Aumentaron los riesgos asociados a estafas, ciberdelitos, fraudes y corrupción, entre otros delitos. Chile no fue la excepción. Sin embargo, la madurez de los sistemas preventivos implementados por nuestros sujetos obligados permitió detectar transacciones que pudieran ser indiciarias de la comisión de los delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo (LA/FT)”, dijo el director(s) de la UAF, Marcelo Contreras.

Agregó que la variación de +57% de los ROS no solo se explica por la tendencia creciente de personas naturales y jurídicas inscritas en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF (de 7.729 en 2020 a 8.137 en 2021), sino también por la mayor reportabilidad de los bancos y del sector financiero, y el aumento de las transacciones, a raíz del exceso de liquidez presente en la economía, muchas de las cuales fueron consideradas por algunos sujetos obligados como sospechosas.

PROCESOS DE INTELIGENCIA FINANCIERA

La UAF procesa todos los ROS que recibe. Es así como, en 2021, detectó indicios de LA/FT en 514 reportes (+74,2% anual). La información fue enviada confidencial y oportunamente al Ministerio Público a través de 52 Informes de Inteligencia Financiera. Una vez estos recibidos, la Fiscalía los vincula con un Rol Único de Causa (RUC), lo que da origen a una investigación por LA/FT (o agrega información a una ya vigente), lo que incluye métodos intrusivos y encubiertos de investigación policial.

Paralelamente, y para las investigaciones de LA/FT que lleva adelante, el organismo persecutor realizó 108 consultas a la UAF (+20% anual), asociadas a 888 personas naturales y jurídicas (+18,1%). En el quinquenio 2017-2021, la UAF ha recibido 497 consultas del Ministerio Público sobre 5.062 personas.

Asimismo, en el año 2021, las Unidades de Inteligencia Financiera extranjeras hicieron 37 consultas a la UAF (+117,6% anual), relacionadas con 350 personas naturales y jurídicas (+165%). En tanto, la UAF envió 33 solicitudes de información (+43,5% anual), que involucraron a 159 personas (+44,5%). Todos los intercambios de información se realizaron a través de la Red del Grupo Egmont.

OPERACIONES EN EFECTIVO

Un insumo relevante para el análisis de los ROS son los movimientos de dinero en efectivo superiores a USD 10.000 que se realizan en el país. La UAF recibe dicha información a través de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) que le envían las entidades privadas en forma mensual, trimestral o semestral (dependiendo del sector económico al que pertenezcan) y las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE) que le remite el Servicio Nacional de Aduanas.

De acuerdo con el Informe Estadístico, en 2021, la UAF recibió información de 2.739.042 ROE (+32,9% anual) y de 2.953 DPTE (-59,3% anual).

A nivel agregado, el sector bancario concentró el 84,5% del total de ROE en 2021, mientras que los notarios el 8,1% y las empresas de transporte de valores el 3,0%. Respecto de las DPTE, la disminución de 59,3% anual se explica principalmente por la restricción de la movilidad por frontera impuesta por diversos países, Chile incluido, a raíz de la COVID-19.

SUPERVISIÓN Y SANCIÓN

En 2021, producto de la situación sanitaria, el Plan UAF de Supervisión basado en los riesgos al LA/FT contempló 233 acciones de monitoreo remoto (versus 224 en 2020), las que se concentraron en 28 actividades económicas de 81 comunas de 15 regiones del país.

Al desglosar, 6 sectores concentraron sobre el 52% de las supervisiones extra situ: Notarios (17,6% del total), casas de remate y martillo (7,7%), compañías de seguros (7,7%), corredores de propiedades (6,4% del total), emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos u otro similar (6,4%) y organizaciones deportivas profesionales (6,4%).

Al detectar incumplimientos de las obligaciones legales establecidas en la Ley N°19.913 o en la Circulares UAF para prevenir el LA/FT, el Servicio inicia procesos sancionatorios administrativos que pueden terminar con amonestaciones y multas a beneficio fiscal.

En 2021, por el cierre a público de diversos establecimientos y el confinamiento de las personas por periodos prolongados para reducir el contagio de COVID-19, la UAF no inició procesos sancionatorios a personas naturales o jurídicas del sector privado, por la imposibilidad de notificarlas personalmente, tal como lo establece el artículo 22, N°2, de la Ley N°19.913.

No obstante, durante el año 2021, y en el marco de la continuidad del Servicio, la UAF cerró 116 procesos sancionatorios que estaban en curso. De estos, 78 resultaron con amonestación escrita (67,2% del total), 31 fueron archivados (26,7%), 5 recibieron amonestación escrita y multa a beneficio fiscal (4,3%) y 2 fueron absueltos (1,7%).

CAPACITACIÓN

También por la pandemia de COVID-19, la UAF tuvo que focalizar sus esfuerzos para aumentar la cobertura de los cursos e-Learning que se desarrollan a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual UAF. Ello permitió que las entidades reportantes (públicas y privadas) y las instituciones miembros de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT contaran con las herramientas necesarias no solo para cumplir con la normativa, sino también para seguir fortaleciendo el Sistema Nacional antiLA/FT.

Con todo, el año 2021 cerró con 4.118 personas capacitadas pertenecientes a 1.298 entidades privadas y públicas.

DESAFÍOS 2022

Implementación de las recomendaciones de la Evaluación del Gafilat: En septiembre de 2021, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó el Informe Final de la Evaluación de Chile sobre su cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la eficacia de su Sistema Nacional antiLA/FT. El Informe contiene una serie de recomendaciones que el país deberá llevar adelante en los próximos años, y de cuyo avance la UAF deberá reportar al Gafilat cada seis meses.

Nuevos sujetos obligados y ampliación del Catálogo de Delitos Base de Lavado de Activos: Diversos proyectos de ley que actualmente se tramitan en el Congreso Nacional amplían el perímetro regulatorio de la UAF, al incorporar nuevos sujetos obligados a la Ley N°19.913 (como las Fintech y criptoactivos[2]  o las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos y usados[3]) así como otros ilícitos al Catálogo de Delitos Base de Lavado de Activos (ejemplos, la explotación de juegos y máquinas de azar sin autorización[4] y los delitos informáticos[5]). Ello implica importantes desafíos para la UAF en materia de regulación, supervisión, inteligencia financiera y capacitación.

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[1] Estadísticas UAF en https://www.uaf.cl/prensa/estadisticas.aspx

[2] Promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros (Boletín 14570-05).

[3] Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social (Boletín 13588-07).

[4] Hace efectiva la prohibición de operar juegos de azar fuera de los casos permitidos por la ley. Formula indicación sustitutiva a los proyectos de ley sobre máquinas de juego fuera del ámbito de la ley de casinos (Boletín 12179-06).

[5] Establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley N°19.223 y modifica otros cuerpos legales, con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest (Boletín 12192-25).